En la instancia, dirigida al juez de la Instrucción del Distrito Nacional, el licenciado Hotoniel Bonilla García, titular de la DPCA, establece que los hechos por los cuales se le investiga sucedieron durante el ejercicio de sus funciones como director general del Programa de Reducción de Apagones (PRA), que funciona como una dependencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), los dos restantes como director administrativo y financiero, y gerente administrativo, respectivamente.

La investigación se inició a raíz de una denuncia difundida por los medios de comunicación a principios del mes de marzo de 2009 sobre alegadas irregularidades verificadas en el PARA, consistentes en desviaciones de fondos de la institución en la compra de materiales de construcción para ser utilizados en actividades no institucionales, así como las violaciones a los procedimientos y controles establecidos para la contratación de los recursos humanos.

Además, se denunció las supuestas retenciones realizadas de manera informal a los funcionarios y empleados, para ser utilizadas como contribuciones en actividades dirigidas o promovidas por dichos funcionarios.

A raíz de estas denuncias, la Contraloría Interna de la CDEEE efectuó una auditoria especial sobre la aplicación de procedimientos técnicos y financieros al Programa de Reducción de Apagones, a los fines de conducir una investigación apropiada, y la adopción de posteriores y adecuadas acciones legales, en caso de ser necesario. Dicho informe revela serias irregularidades que han podido ser corroboradas por las indagatorias preliminares hechas por el Ministerio Público hasta este momento.

El Ministerio Público ha estimado que en PRA han sido distraídos en perjuicio de la referida entidad estatal montos que superan los doce millones de pesos (RD$12,000,000.00). La referida suma ha sido distraída por los encartados Marcos Lara Lorenzo, Sauris Rodríguez Sánchez y Nicolás Concepción Núñez abusando de sus condiciones de director general, director administrativo y financiero, y gerente administrativo, respectivamente, de la indicada entidad estatal; otorgándole como calificación jurídica provisional: Prevaricación y Desfalco, cometidos en perjuicio del Estado dominicano. Dichos hechos están previstos y sancionados por los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172 del Código Penal Dominicano y 102 de la Constitución de la República.

En ese sentido, solicita fijar el día y hora en que se celebrará audiencia para conocer y decidir como medidas de coerción contra los imputados Marcos Lara Lorenzo, Sauris Rodríguez Sánchez y Nicolás Concepción Núñez: Una garantía económica de tres millones de pesos (RD$3,000,000.00) a cada uno y la prohibición de salida del país sin autorización del juez, las cuales deben ser impuestas hasta tanto dure la investigación de los hechos antes enunciados y por el término que dispone el artículo 150 de la norma procesal vigente.