En cada caso que nos ocupa, incluyendo a funcionarios de este gobierno, hemos sabido, de manera transparente, realizar las investigaciones de lugar y formular, con adecuadas pruebas, los cargos correspondientes.

El viernes 2 de febrero del año que transcurre, la honorable Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia condenatoria de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, en el denominado caso Plan Renove, a través del cual el Estado fue estafado con unos RD$1,800 millones de pesos.

La Suprema Corte de Justicia casa el caso del Plan Renove y envía el conocimiento del mismo por ante la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Respetamos la decisión de la honorable Suprema Corte de Justicia, porque es una atribución que le corresponde, aunque no la compartimos.


También, en la misma fecha del 2 de febrero del año que transcurre, fue evacuado por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, un auto de No Ha Lugar a favor del ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez.

Contra el ingeniero Sánchez, el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa formuló cargos por haber desviado de manera fraudulenta el destino de los recursos económicos que fueran asignados para la construcción de la Autopista Eléctrica de Santo Domingo-Santiago, por un monto superior a los RD$2,000 millones de pesos.

No es admisible que las audiencias preliminares para determinar si una acusación procede o no dictar apertura a juicio, sean convertidas en juicios de fondo, donde la resolución se convierte en una sentencia de absolución o descargo.

El Ministerio Público reafirma su posición indoblegable de buscar castigo para los corruptos, sin embargo reconocemos la facultad de los magistrados del alto tribunal para tomar sus decisiones.

Creemos que la justicia debe seguir juzgando los casos de corrupción que se les puedan presentar, pero debe hacerlo con la independencia que le emana de la Constitución y las leyes.