En la actividad, celebrada durante los días 29 y 30 de septiembre en la ciudad de México, D.F., representantes de 28 países analizaron la situación regional y mundial sobre las incidencias del soborno transnacional en las operaciones de compra, contrataciones y adquisiciones del Estado, lo que repercute en la baja calidad de los bienes y servicios públicos e incrementa la inefectividad de las instituciones y los costos de operación y administración de los órganos de gobierno.

En el referido cónclave, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se trazaron estrategias para que los países no miembros de la OCDE, como la República Dominicana, puedan acceder a informaciones y cooperación técnica e institucional sobre el abordaje y persecución de los temas analizados. Para ello, se concibió la iniciativa de que los países agrupados en dicha organización cooperen con los de la región que no cuentan con dicha membresía.

La referida entidad está compuesta por las treinta economías con regímenes democráticos más grandes del mundo, en el área de Latinoamérica son miembros: Argentina, Brasil, Chile y México, a cuyo bloque acudirá la República Dominicana en caso de asistencia o cooperación en el ámbito de la detección y persecución de la corrupción y el soborno transnacional en aras de garantizar mayor prontitud en la cooperación solicitada.

Entre las principales conclusiones a que se llegó en el citado encuentro, podemos citar:

• Reafirmar el compromiso de fortalecer la lucha contra la corrupción y el cohecho internacional.

• Promover iniciativas para incrementar los casos de corrupción que lleguen procesalmente al sistema.

• La necesidad de ampliar las metas en la cooperación judicial internacional y la extradición.

• Evitar que el secreto bancario constituya un elemento que impida la cooperación.

• Promover la participación de la sociedad civil.

• Promover mecanismos para elaborar mejores patrones de proveedores y de adquisiciones públicas.

• Control de evoluciones de resultados y desempeño gubernamental y de rendición de cuentas.

• Apuntar que en América Latina se han venido produciendo avances legales pero que estos no repercuten en la confianza y la percepción de la existencia de corrupción.

• Recalcar que la permisividad e impunidad debilita las instituciones y genera una percepción de corrupción.

• Se reafirma la importancia de la participación de los medios de comunicación y el libre acceso a la información pública.

• Promover iniciativas para la protección de testigos y otros divulgadores de hechos sobre actos de corrupción.